© Los autores. Este artículo es publicado por la revista Lengua y Sociedad de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original. El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Access to justice for indigenous peoples. A need from the language Acesso à justiça para populações indígenas. Necessidade de idioma Giovana Hurtado Universidad Esan, Lima, Perú ghurtado@esan.edu.pe https://orcid.org/0000-0003-3556-1847 Resumen Las poblaciones indígenas enfrentan limitaciones para comprender el sistema de justicia, debido a las barreras lingüísticas y culturales; por tanto, el uso de un lenguaje claro y accesible es fundamental para que puedan ejercer sus derechos y participar de manera efectiva en los procesos judiciales. Mediante la revisión documental de los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en el acceso a la justicia, se describen las estrategias desarrolladas por el Poder Judicial peruano. Se afirma que, a pesar de la existencia de regulaciones y políticas que garantizan el acceso a traductores e intérpretes al ámbito judicial, las acciones son limitadas y requieren ser fortalecidas. Se requieren estrategias que permanezcan en el tiempo, y que permitan medir su im- pacto con el fin de evaluar su pertinencia y eficacia. Se concluye en la necesidad de desarrollar una política lingüística enfocada en la justicia, que incluya incentivos —en la formación de abogados de poblaciones indígenas— como mecanismo de preser- vación de las lenguas originarias. Asimismo, se destaca la importancia de realizar una planificación lingüística en la adminis- tración de justicia para tener operadores hablantes de lenguas originarias en cada distrito judicial, especialidad e instancias. Palabras clave: acceso a la justicia; lenguaje claro y accesible; lenguas originarias; justicia ordinaria; poblaciones vulnerables. Abstract Indigenous peoples face limitations in understanding the justice system due to linguistic and cultural barriers; therefore, the use of clear and accessible language is essential for them to exercise their rights and participate effectively in judicial processes. Through a documentary review of the problems faced by indigenous peoples in accessing justice, the strategies developed by the Peruvian judiciary are described. It is stated that, despite the existence of regulations and policies that guarantee access to translators and interpreters in the judicial sphere, the actions are limited and need to be strengthened. There is a need for strategies that are sustained over time, and that allow their impact to be measured in order to evaluate their relevance and effectiveness. It is concluded that there is a need to develop a language policy focused on justice, which includes incentives —in the training of indigenous lawyers— as a mechanism for the preservation of indigenous languages. It also highlights the importance of language planning in the administration of justice in order to have native language-speaking operators in each judicial district, speciality and instance. Keywords: access to justice; clear and accessible language; indigenous languages; ordinary justice; vulnerable peoples. Lengua y Sociedad. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024, pp. 177-192, ISSN-L 1729-9721; eISSN: 2413-2659 https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i1.27276 mailto:correoinstitucional@edu.pe https://orcid.org/0000-0003-3556-1847 El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024178 Resumo As populações indígenas enfrentam limitações na compreensão do sistema judicial devido a barreiras linguísticas e culturais; por conseguinte, a utilização de uma linguagem clara e acessível é essencial para que possam exercer os seus direitos e parti- cipar efetivamente nos processos judiciais. Através de uma análise documental dos problemas enfrentados pelas populações indígenas no acesso à justiça, são descritas as estratégias desenvolvidas pelo poder judicial peruano. Afirma-se que, apesar da existência de regulamentos e políticas que garantem o acesso a tradutores e intérpretes no âmbito judicial, as acções são limi- tadas e precisam de ser reforçadas. São necessárias estratégias que sejam sustentadas ao longo do tempo e que permitam medir o seu impacto para avaliar a sua pertinência e eficácia. Conclui-se que é necessário desenvolver uma política linguística voltada para a justiça, que inclua incentivos —na formação de advogados indígenas— como mecanismo de preservação das línguas indígenas. Destaca-se ainda a importância do planeamento linguístico na administração da justiça, de forma a ter operadores de língua materna em cada distrito judicial, especialidade e instância. Palavras-chave: acesso à justiça; linguagem clara e acessível; línguas indígenas; justiça comum; populações vulneráveis. Recibido: 01/12/2023 Aceptado: 11/02/2024 Publicado: 30/06/2024 1. Introducción Las sociedades poseen estructuras propias compuestas por narrativas y discursos históricos, que componen sus culturas y le dan sentido a sus vidas (Echeverría, 2003). En el Perú, conviven pueblos y comunidades con lenguas, tradiciones y cosmovisiones particulares (Ministerio de Cultura, 2014). El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido que, como estado multicultural y poliétnico, debe proteger y preservar su pluralidad étnica y diversidad cultural (Expediente 01126-2011-HC/ TC, 2012, considerando 16; Expediente 00032-2010-PI/TC, 2011, considerando 48; Expediente 00015-2008-PI/TC, 2012, considerando 16). El 14 % de los peruanos hablan alguna de las 48 lenguas indígenas u originarias (Ministerio de Cultura, 2022). El censo de 2017 reveló que aquellos hogares en los que se hablan lenguas originarias y se ubican en zonas rurales poseen necesidades básicas insatisfechas (INEI, 2019). De acuerdo con Nava González y Breceda Pérez (2017), los integrantes de las comunidades andinas y amazónicas pertenecen a un sector excluido y marginado de la sociedad, donde el derecho a la justicia es casi nulo, pues —además de no poder comunicarse en castellano— su condición social y económica es precaria. En un estudio sobre el uso interlingüístico del aymara y castellano, en las relaciones comerciales que se presentan en las fronteras de Bolivia, Chile y Perú, se aprecia que la comunicación es fluida y familiar aun cuando existen muchos “cambios de código, con interferencias y fusiones lingüísticas” (Mamani, 2023, p. 13), frente a las cuales no todos los operadores judiciales se encuentran preparados. De acuerdo con Andrade et al. (2018), un efecto de la capacitación como intérpretes y traductores a hablantes de 36 lenguas originarias, efectuada por el Ministerio de Cultura del Perú entre los años 2012 al 2017, ha sido su conversión en promotores de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el debilitamiento de la lengua quechua es inminente para Vigil (2023) como consecuencia de la limitada transmisión intergeneracional. En Nueva Zelanda, Chen (2023) resaltó la necesidad de incrementar la cantidad de expertos culturales en las cortes, en vista de la manera en que los conceptos culturales de los pueblos originarios conciben, por ejemplo, la corrección y buen comportamiento, lo cual afecta la actividad probatoria que influye en las decisiones. Díaz Lafuente (2023) afirma que los operadores jurídicos y los jueces El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 179 deben considerar la especificidad indígena y promover el respeto de la diversidad cultural, a medida que salvaguardan su derecho a expresarse en su propia lengua como una garantía procesal. El objetivo de este artículo es describir cuáles han sido las estrategias de política pública implemen- tadas por el Poder Judicial peruano para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Es oportuno precisar que una de las formas de reducir las desigualdades que afectan a las poblaciones indígenas, y de potenciar (y promover) la necesaria inclusión social establecida en la meta 10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consiste en la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias que limitan el acceso a servicios públicos esenciales (Naciones Unidas, 2015). Entre los servicios públicos esenciales, se encuentra el de acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental que incorpora los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la reparación adecuada (Díaz Lafuente, 2023). En esa línea, el ODS 16 establece la importancia de contar con instituciones sólidas que garanticen el acceso a la justicia para vivir en sociedades pacíficas y seguras, donde se respeten los derechos fundamentales y el estado de derecho esté fortalecido (Naciones Unidas, 2015). 2. Acceso a la justicia de los pueblos indígenas: algunas precisiones El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que garantiza que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan acudir de manera efectiva ante las autoridades del sistema de justicia para que se les reconozcan sus derechos o para ejercerlos en base a un interés legítimo, de manera que pueden además impugnar cuando la decisión es adversa (Escobedo Cabello y Téllez González, 2023; Ortiz, 2008). El derecho a la defensa jurídica requiere de garantías procesales, la incorporación de enfoques, principios, normas y estándares de actuación reconocidos por el sistema interamericano de derechos humanos, en especial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Valenzuela Reyes, 2023). El derecho de acceso a la justicia se ha reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales y aplicado con especial énfasis a poblaciones indígenas por diversos tribunales en su jurisprudencia (Díaz Lafuente, 2023). Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, se tiene dos vertientes (Valiente, 2012): 1) la posibilidad de acceder a su propia justicia tradicional para resolver los conflictos sociales de sus territorios ancestrales, y 2) la posibilidad de acceder a la justicia ordinaria estatal. Respecto a la primera, Ruiz (2007) afirma que el derecho indígena comprende un sistema regulatorio de las relaciones sociales en las comunidades, que les permiten resolver sus conflictos según sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses. De acuerdo con Franco et al. (2019), el acceso a la justicia debe garantizarse de acuerdo con las peculiaridades culturales de la comunidad, según sus costumbres y tradiciones indígenas. Por su derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades pueden mantener sus propios sistemas jurídicos, y estos deben ser respetados por el sistema de justicia (González Kazén, 2021). El derecho de acceso a la justicia también comprende la posibilidad de “acceder real y eficazmente al contenido mismo de las decisiones jurisdiccionales, que estas sean comprendidas por los justiciables” (Velita Malpica, 2022, p. 53). La Constitución Política del Perú (1993) establece que los peruanos tienen “derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete” (artículo 19) y que el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes son idiomas oficiales (artículo 48). El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024180 Esto se constituye en una garantía de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas. Según Ardito (2011), el monolingüismo estatal impide el acceso a la justicia, vulnerando este derecho fundamental de los indígenas. Los poderes judiciales deben garantizar la comunicación eficaz de sus decisiones, especialmente a las poblaciones vulnerables mediante el uso de lenguaje claro y accesible (Ato, 2023). Según Ardito (2011), la discriminación es una de las principales barreras para el acceso a la justicia, de las cuales la discriminación lingüística es la más grave. Salvador Placencia (2022) afirma que, en el caso de las mujeres indígenas, la discriminación se convierte en estructural y sistemática, por lo que la justicia ordinaria debe contemplar el reconocimiento y el respeto del derecho indígena para garantizarles el acceso a la justicia. Como se aprecia, el lenguaje puede ser una barrera muy grande si no se cuenta con traductores o con operadores de justicia que hablan el idioma del justiciable y que conocen su cultura. De acuerdo con el Ministerio de Justicia (2011), todas las personas tienen el derecho de comprender todas las comunicaciones que emiten los profesionales del derecho, para lo cual no deben requerir la intervención de un tercero, pues se genera inseguridad jurídica, la cual incide en los conflictos sociales pues estos no se solucionan adecuadamente. 3. Intérpretes y traductores de lenguas originarias Las lenguas originarias son oficiales en el Perú; por tanto, su empleo implica el ejercicio de un derecho público subjetivo y relacionado con la libertad (Urrutia, 2022); sin embargo, las poblaciones indígenas atraviesan dificultades para comunicarse en su lengua ante los órganos del sistema de justicia por la limitada cantidad de funcionarios públicos capacitados en lenguas originarias (Ardito, 2011; Salvador Placencia, 2022). Garcia y Seminario (2022) manifestaron que había 57 intérpretes y traductores en materia de justicia, inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Originarias del Ministerio de Cultura. De la revisión que se efectuó para esta investigación en enero de 2024, se evidencia una disminución a 54 traductores e intérpretes especializados en temas de justicia, de los cuales cuatro son para la lengua aymara; tres, para ashaninka; cuatro, para awajún; uno, para jaqaru; dos, para matsigenka; 35, para quechua, y cinco, para Shipibo-Konibo (Figura 1). Figura 1 Cantidad de traductores especializados en justicia Nota. Elaboración propia sobre la base del Registro de Intérpretes y Traductores del Ministerio de Cultura. El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 181 Llama la atención que no se cuente con traductores de quechua especializados en temas de justicia, lo cual podría deberse al debilitamiento de esta lengua, tal como lo afirma Vigil (2023). No hay ningún traductor jurídico que hable en las lenguas sachuar, amahuaca, arabela, bora, cashinahua, ese eja, harakbut, ikitu, kakataibo, kakinte, kandozi-chapra, kapanawa, kukama kukamiria, maijiki, matsés, murui-muinani, nahua, nomatsigenga, ocaina, secoya, sharanagua, shawi, shiwilu, tikuna, urarina, yagua, yaminahua, yanesha y yine. Ello limita las posibilidades de defensa de estas poblaciones vulnerables. Según afirma Chen (2023), los expertos culturales son fundamentales para garantizar que se haga justicia para los pueblos indígenas en general y para las personas con diversidad cultural y lingüística en particular. En consecuencia, es importante la intervención gubernamental para la revitalización lingüística cuando la situación evidencia un debilitamiento cultural y social (Panizo et al., 2020). 4. Estrategias de la política judicial para el acceso a la justicia de poblacio- nes indígenas Las políticas públicas “son las opciones, los modelos, o formas de organizar las relaciones económicas, sociales u otras que a través del tiempo va eligiendo una sociedad. Pueden expresarse a través de normas específicas, bloques normativos y acciones” (Ugarte, 2015, p. 18). En el caso particular peruano, la estrategia de acción gubernamental para la resolución de la problemática vinculada al acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables ha tenido diversos sustentos, así, por ejemplo, según Lovón y Quispe (2020), el Estado peruano debe “generar espacios interculturales, en donde los hablantes de castellano y de lenguas indígenas puedan interactuar, compartir y progresar en conjunto” (p. 748). En esta misma línea, Cabanillas (2022) afirma que el Estado cumple un rol esencial en la promoción de las lenguas originarias, manifestando que la protección y la inclusión no se alcanzará sin apoyo de la sociedad civil. Tal como afirma Velásquez (2020), en el Perú las normas de diversa jerarquía que son producidas en los diferentes niveles de gobierno están redactadas en castellano. Los castellanohablantes son quienes toman la decisión de la información que se brinda a los ciudadanos de lenguas indígenas (Lovón y Ortiz, 2021). Las barreras lingüísticas están presentes en las instancias jurisdiccionales, especialmente quechua hablantes que no han podido aprender el español (Marquina y Román, 2022). Ato (2021) manifiesta que, para que el Poder Judicial cuente con legitimidad, es fundamental eliminar la barrera comunicacional que se presenta en las sentencias, pues su falta de claridad afecta la transparencia por la falta de comprensión que tienen los ciudadanos sobre su contenido. El Poder Judicial ha desarrollado diversas estrategias de política para transformar las estructuras que generan situaciones de injusticia entre las culturas y para fomentar la inclusión de las poblaciones indígenas. De esta manera, se cuenta con una Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y a la Justicia Indígena (Poder Judicial del Perú, 2020; Resolución Administrativa 226-2012-CE- PJ, 2012), que se encarga de formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar actividades para el desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz. Tiene entre sus funciones la coordinación con la justicia indígena, para lo cual cuenta con oficinas desconcentradas en las distintas jurisdicciones El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024182 del país. De manera complementaria, se crearon comisiones de trabajo, entre las que destacan la “Comisión de Justicia Intercultural” (Resolución Administrativa 202-2011-P-PJ, 2011) y la “Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad” (Resolución Administrativa 028-2016-CE-PJ, 2016), en adelante Comisión de Acceso a la Justicia. En las resoluciones de creación se establecen los objetivos de cada comisión de trabajo (Resolución Administrativa 202-2011-P-PJ, 2011; Resolución Administrativa 028-2016-CE-PJ, 2016). Así, la Comisión de Interculturalidad tiene como objetivo consolidar un sistema de justicia intercultural como respuesta a la realidad pluricultural y étnica del Perú. La Comisión de Acceso a la Justicia busca promover la cultura jurídica en las poblaciones vulnerables, para lo que promueve la aplicación de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Su público destinatario son los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas con habilidades diferentes (discapacidad), los adultos mayores, las personas que están privadas de su libertad, los migrantes y las poblaciones rurales. Las Reglas de Brasilia buscan garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia sin discriminación alguna, englobando políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan el pleno goce de los servicios del sistema de justicia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008). Se considera entre las personas en condición de vulnerabilidad a aquellas que pertenecen a comunidades indígenas, cuyo trato recibido debe respetar la dignidad, la lengua y las tradiciones culturales. A efecto del ejercicio de sus derechos, deben contar con asesoramiento técnico- jurídico especializado en las diversas áreas del derecho y con calidad, de modo que promueven su gratuidad en casos de necesidad. Ello difunde la oralidad en el idioma tradicional en las actuaciones judiciales, así como el peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008). Compete la realización por parte de los poderes judiciales de actividades e iniciativas de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades, así como de cooperación entre países. En el Perú, al igual que en España se aprecia la necesidad lo siguiente: [U]na política lingüística preocupada por la justicia, entendida como igual consideración y respeto, debería permitir a la lengua propia (minoritaria) imponerse democráticamente (es decir, si gana en el juego democrático) en su territorio de la manera que se entienda oportuna, y desplegar allí plenos efectos, tal y como la lengua hegemónica hace en el suyo. Lo contrario significa privilegiar la lengua dominante y a sus hablantes, lo que constituye —por más que se presente como un enfoque centrado en la libertad individual o en intereses no identitarios— una opción claramente nacionalista —no neutral— y poco equitativa. (Cagiao Conde y Payero López, 2019, p. 205) A continuación, se detallan otras estrategias desde diversos planos: jurisdiccional, para la comunicación intercultural y para el fortalecimiento de capacidades. El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 183 4.1. Estrategias desde lo jurisdiccional Entre las principales acciones desarrolladas por el Poder Judicial se aprecia la realización de nueve encuentros jurisdiccionales en los que se ha analizado criterios jurídicos para la aplicación uniforme del derecho de los pueblos indígenas (Poder Judicial, 2020). Además, se cuenta con un protocolo de acción (Resolución Administrativa 333-2013-CE-PJ, 2013) que establece cómo se debe actuar en procesos judiciales que involucren indígenas, comuneros y ronderos. Para ello, se toma en consideración los valores, las creencias, las prácticas culturales y la necesidad de traductores e intérpretes con el fin de no afectar sus derechos lingüísticos. De manera similar, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda ha brindado orientación sobre cuándo un marco social y cultural es relevante para la determinación de los hechos y cuestiones de adjudicación en un caso con partes cultural y lingüísticamente diversas (Chen, 2023). Otra de las acciones es la incorporación de la variable étnica, desde el 2020, al inicio de la tramitación del proceso en el Sistema Integrado Judicial. De esta manera, se facilita la identificación de los integrantes de comunidades campesinas, de comunidades nativas, de rondas campesinas y/o pueblos indígenas en los procesos judiciales. Un aspecto importante en lo jurisdiccional es la posibilidad de ejercer el derecho a comprender las decisiones judiciales, ya que estas son redactadas con tecnicismos jurídicos e incluso con frases en latín. Según afirma Velita (2022), se tiene dos sentencias emitidas en Puno por violación sexual redactadas por completo en lenguas aimara y en quechua (13 y 30 de marzo de 2015, respectivamente). Sin perjuicio de ello, es oportuno recordar que la predominancia de uso de medios escritos puede constituir una barrera lingüística en la medida en que las lenguas originarias son esencialmente orales (Fernández Silva, 2023). 4.2. Estrategias para la comunicación intercultural. Estableciendo una línea de base De la revisión de la página web del Poder Judicial del Perú (2024), se aprecia que se cuenta con 92 intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, de los cuales, el 49 % habla alguna variante del quechua y 51 % restante otras lenguas originarias (ver Tabla 1). Tabla 1 Cantidad de intérpretes del Poder Judicial Lengua cantidad % Aimara 7 8% Asháninka 5 5% Awajún 7 8% Harakbut 1 1% Jaqaru 1 1% Kichwa 8 9% Kukama 2 2% Matsigenka 2 2% Quechua 45 49% El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024184 Lengua cantidad % Shawi 2 2% Shipibo 5 5% Tikuna 1 1% Urarina 2 2% Wampis 3 3% Yánesha 1 1% Total 92 100% Nota. Elaboración propia sobre la base de la página web del Poder Judicial. De acuerdo con la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (2023), entre los años 2020 y el primer semestre de 2022, se realizaron 2,864 requerimientos de interpretación en 25 cortes superiores de justicia (ver Tabla 2). Tabla 2 Requerimientos por año e idioma indígena Idiomas N.° Cortes 2020 2021 2022-I Total Aymara 3 33 77 39 149 Quechua 19 345 1131 879 2355 Asháninka 3 3 13 10 26 Awajún 4 26 84 60 170 Shipibo-Konibo 2 5 2 2 9 Otras Lenguas amazónicas 8 53 68 34 155 Total 25 465 1375 1024 2864 Nota. Memoria (2022). Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena. De acuerdo con Urrutia (2022), recurrir a un “sistema de traducción [...] resulta insatisfactorio y supone una degradación de la doble oficialidad lingüística cuando ello se plantea de forma sistemática y como principal ‘medida paliativa’” (p. 337), por lo que resulta pertinente que sean los propios operadores de justicia quienes dominen estas lenguas. En diciembre de 2021, se desarrolló la primera encuesta sobre interculturalidad en el Poder Judicial (ONAJUP, 2022), con la finalidad de conocer las características étnico-culturales del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial a nivel nacional. Entre los principales resultados, se tienen los siguientes: A nivel de caracterización del servidor. El 24 % se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena u originario por sus costumbres o antepasados, y el 64 % se considera mestizo. Entre estos últimos, el 97 % es andino (quechua y aymara), de los cuales —en su mayoría— pertenecen a los distritos judiciales de Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Madre de Dios. Esto puede El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 185 contrarrestar el debilitamiento del quechua, que mencionó Vigil (2023) en su estudio, para dar paso a la incorporación de esta lengua en la justicia andina, a través de operadores quechua hablantes. A nivel de dominio de las lenguas originarias. El 15 % del total de encuestados habla una lengua indígena u originaria. De este total, el 89 % habla quechua; el 9 % habla aimara, y el 2 %, lenguas amazónicas. La ubicación de los encuestados que hablan lenguas originarias está principalmente en los distritos judiciales de Apurímac, Selva Central, Áncash, Cusco, Puno, Huancavelica y Madre de Dios. El 65 % de los servidores encuestados que tienen conocimiento de lenguas originarias es personal que realiza función jurisdiccional. Esta situación contrasta con lo que sucede en España, donde la administración de justicia revela una falta de capacidad lingüística de gran parte de los operadores judiciales (Urrutia, 2022). A nivel de caracterización del usuario judicial. El 48 % de los encuestados brinda servicios judiciales a las poblaciones indígena, campesina o nativa; el 4 %, a población afroperuana; 22 %, a mestizos, urbanos o hispanohablantes, y el 15 %, a todas las anteriores. Se puede inferir que, al contar con personal judicial que habla lenguas originarias, se disminuirá la necesidad de traductores, lo cual reduce así los costos. Para ello, es necesaria la planificación lingüística dentro de la administración de justicia (Urrutia, 2022), lo que debe efectuarse para cada distrito judicial, especialidad y nivel jerárquico. 4.3. Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades Se procura que los operadores de justicia desarrollen competencias que les permitan comunicarse en contextos interculturales. Para tal efecto, se organizan actividades de capacitación en justicia intercultural y concursos de ensayo que concluyen en publicaciones; además, se cuenta con una revista sobre acceso a la justicia (Comisión de Acceso a la Justicia, 2023; Comisión de Justicia Intercultural, 2023). De acuerdo con Chinchay y Seminario (2022), es fundamental, para garantizar la vigencia efectiva de derechos lingüísticos, la formación de traductores e intérpretes especializados en justicia en el sector justicia. De esta manera, se han desarrollado dos concursos nacionales de ensayos jurídicos en el país (Comisión de Justicia Intercultural, 2023) y se cuenta con siete números publicados de la revista peruana Llapanchikpaq Justicia (2024), del Poder Judicial, con un total de 56 artículos publicados y un tráfico web de más de 43,000 visitas y más de 14,000 usuarios. Se colige así la necesidad de facilitar la comunicación de los justiciables hablantes de lenguas originarias, para lo que es pertinente formar un eje de política transversal en el sistema de justicia. Adicionalmente, se requiere generar desde el Estado espacios multilingües e interculturales en los cuales se respeten diversos componentes como su cosmovisión, indumentaria, tradiciones, rituales y lengua, se debe evitar la pérdida de saberes y conocimientos, y mantener la lengua en las generaciones futuras. Un aspecto fundamental para preservar la diversidad lingüística es la educación, no solo escolar, sino también la formación de profesionales indígenas (Arguelles, 2023). Por eso, sería importante que se desarrollen políticas para formar como abogados a pobladores indígenas. El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024186 5. Conclusiones El acceso a la justicia, a través de instituciones sólidas y legitimadas, es un propósito necesario que se extiende también a las poblaciones indígenas. Aquellas tienen el derecho de ser escuchadas en su propio idioma y emitir las sentencias de manera clara y comprensible. El Estado peruano ha elaborado una serie de políticas públicas para facilitar este acceso. Desde el Poder Judicial, se han trazado estrategias que requieren ser fortalecidas, con constancia y medición de su impacto para evaluar su pertinencia y eficacia. La limitada cantidad de traductores e intérpretes en temas jurídicos, inscritos en el registro de traductores e intérpretes del Ministerio de Cultura, exige a las instituciones del sistema de justicia implementar estrategias para eliminar las barreras lingüísticas de los pobladores originarios. Se ha efectuado una encuesta para identificar el perfil del servidor judicial (juez, operadores judiciales y administrativos) y sus competencias en lenguas originarias, lo cual advirtió que el 15 % del total de encuestados habla una lengua indígena u originaria. Finalmente, se aprecia una oportunidad para desarrollar una política lingüística preocupada por la justicia, en la que se incluyan incentivos a la formación de abogados de las poblaciones indígenas para su posterior incorporación al sistema de justicia peruano. De esta manera, se disminuyen las limitaciones de vocabulario jurídico y comprensión, y se preservan las lenguas originarias, a la par incorporan al lenguaje jurídico otras palabras que enriquecen la comunicación intercultural. Esta política deberá contemplar la planificación lingüística de la administración de justicia para tener operadores en cada distrito judicial, especialidad e instancias. El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 187 Referencias Andrade Ciudad, L., Howard, R. y De Pedro Ricoy, R. (2018). 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Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024 191 Vigil, (2023) Una noticia no tan optimista sobre el quechua. Algunas precisiones sobre el artículo de Luis Andrade. Forma y Función, 36(2), 169-184. https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.97190 Contribución de la autora Giovana Hurtado ha participado en la recolección de las fuentes de datos, en la redacción del artículo y da aprobación a la versión que se publica en la revista. Agradecimientos La autora agradece a los revisores por sus comentarios y aportes. Financiamiento La investigación se realizó sin financiamiento. Conflicto de intereses La autora no presenta conflicto de interés; sin embargo, precisa que laboró como directora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial hasta el 31 de diciembre de 2023. Correspondencia: ghurtado@esan.edu.pe https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.97190 mailto:ghurtado%40esan.edu.pe?subject= El acceso a la justicia de las poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje Giovana Hurtado Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 1, enero-junio 2024192 Trayectoria académica de la autora Giovana Hurtado es doctora en Educación de la Universidad Esan, Lima, Perú. También, es magíster en Administración y en Derecho. Se desempeña como investigadora en políticas públicas, políticas educativas y derecho. Es profesora de la Universidad Esan y de la Academia de la Magistratura.