García Santillán Camacho, PatriciaOropeza Juárez, Fressy Danitza2021-07-232021-07-232021https://hdl.handle.net/20.500.12640/2383El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a revisión judicial una vez agotada la vía administrativa para velar por los derechos de los administrados y evitar un ejercicio abusivo de las facultades de la Administración Pública. Sin embargo, si bien puede funcionar como un mecanismo de defensa contra la vulneración de ciertos derechos también puede ser una herramienta usada de mala fe contra la Administración Pública para dilatar el procedimiento de cobranza coactiva y evitar así el administrado cumplir con su obligación de pago interpuesta por los órganos administrativos. Por esta razón, existen principios y potestades a los cuales la Administración Pública les da mayor importancia como el principio de legalidad y veracidad para que de esta forma el acto administrativo emitido sea acatado por los administrados sin contradicciones, todo ello con el fin de que la Administración Pública realice sus funciones en favor del bien común, pues la cobranza de obligaciones pecuniarias o en especie asegura el desarrollo del sistema peruano.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/Cobranza de cuentasAdministración públicaSanciones económicasTributaciónAspectos jurídicosinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04