Examinando por Autor "Martínez, César"

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Acceso Abierto
Actualización del valor de la deuda agraria : análisis legal de las resoluciones del Tribunal Constitucional
(Universidad ESAN, 2018) Martínez, César; Flores, Daniel; Henríquez, Renzo; Salazar, Pío
En 1969, la expropiación de tierras en el marco del proceso de reforma agraria originó las figuras legales de la deuda agraria y de los bonos con los que se pretendía pagarla. Sin embargo, los tenedores nunca pudieron hacer efectivos los bonos, pues en la década de 1980 la inflación pulverizó su valor y el Estado dejó de honrarlos. Hasta hoy, la mayor parte de esos bonos no ha sido pagada, lo que ha generado el creciente reclamo de los expropiados. En 1996, el Congreso aprobó una norma que estipuló que los bonos de la deuda agraria fueran pagados a su valor nominal. Los tenedores, a través del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), plantearon una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que les dio la razón. Su decisión, sin embargo, se limitaba a recusar aquella forma de pago nominal y establecía que los bonos debían pagarse conforme a un criterio que permitiese la actualización de su valor al momento de pago, pero sin determinar los criterios técnicos que el Estado debía seguir para ello. Ante este vacío, el CIP formuló un nuevo recurso al TC, que esta instancia resolvió disponiendo que se aplicase un método de dolarización, junto con una tasa de interés, para la actualización del valor de los bonos. Justamente, la controversia surgida en relación con los fundamentos de esta nueva decisión del TC motivó el interés en realizar un análisis que permita determinar si esta resolución fue emitida conforme a los deberes y las atribuciones del TC.
Acceso Abierto
Canon por uso del espectro radioeléctrico y metodologías de cálculo para su determinación en teleservicios públicos : un análisis jurídico
(Universidad ESAN, 2019) Martínez, César; Stein, Israel
En un país territorialmente diverso como el Perú, la penetración de la infraestructura de telecomunicaciones es una herramienta importante para lograr progreso; por consiguiente, las reglas de juego del mercado deben estructurarse de manera que el Estado tenga una recaudación apropiada por ceder su espectro radioeléctrico y se incentive la inversión en infraestructura para beneficio de todo el país. De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, en el Perú la utilización del espectro radioeléctrico se realiza mediante el pago de un canon, cuyo monto se establece en el reglamento de esa norma. Las metodologías de cálculo de los montos señalados en el reglamento y sus modificaciones han generado controversia entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por un lado, y las empresas que utilizan el espectro radioeléctrico y el Tribunal Fiscal (TF), por otro. Mientras tanto, los usuarios de las telecomunicaciones móviles deberían esperar no solo mejores servicios y menores precios, sino también que las empresas cumplan con sus responsabilidades individuales dentro de la economía social de mercado definida en la Constitución Política. Estas consideraciones animan el desarrollo de la presente investigación sobre el canon por el uso del espectro radioeléctrico (CUER). Sus objetivos generales son tres. El primero es dilucidar, desde la perspectiva del derecho corporativo y las finanzas, si la actual naturaleza del CUER en la Ley de Telecomunicaciones para el caso de teleservicios públicos corresponde o no a las mejores prácticas internacionales, promueve el desarrollo del sector, protege los intereses del Estado, permite la competencia y se ajusta a doctrina del derecho y, en especial, a la tributaria. El segundo es determinar la naturaleza del CUER con el fin de despejar la incertidumbre creada por la diversidad de posiciones técnicas del Indecopi, el TF y el MTC, dado que los primeros lo califican como tributo, mientras que el último niega su naturaleza tributaria. Y el tercero es determinar si las empresas que usan el espectro radioeléctrico son víctimas de la imposición de una barrera burocrática por las metodologías que emplea el Estado para calcular el canon, establecer si tales metodologías constituyen un obstáculo para el crecimiento del servicio de telecomunicaciones en zonas donde no se brinda este servicio y evaluar distintos escenarios de optimización de las metodologías de cálculo.